Este artículo se ha redactado para la Red CIDE Digital del Gobierno de Canarias en marzo de 2022.
La transformación digital crece de manera exponencial en la sociedad actual a un ritmo imparable, personas y entidades deben adaptarse a esta revolución digital que ha venido para quedarse y para ello la mejor forma de hacerlo es a través de la concienciación, la información y la formación.
Dentro de este proceso de transformación digital se encuentran las relaciones electrónicas con la administración pública, que ofrece gestiones de una forma más eficiente y directa que está disponible 24 horas durante los 365 días del año.
La administración electrónica se define como la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que permite a la ciudadanía y a las empresas poder relacionarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos. Concretamente la Comisión Europea además añade que debe de estar asociada a cambios en la organización y nuevas aptitudes del personal, teniendo como objetivo mejorar los servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar a las políticas públicas.
Desde el 2 de octubre de 2016 las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica están obligadas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas siendo opcional para las personas físicas. Para ello es necesario estar en posesión de un certificado digital con el que las personas físicas o representantes puedan identificarse de manera inequívoca y poder realizar las gestiones necesarias incluyendo en muchos casos la firma electrónica , equivalente legalmente a la firma manuscrita. Para obtener un certificado digital, ya sea de persona física o de representante, puede realizarse a través de las Autoridades de Certificación, que es una entidad de confianza, responsable de emitir y revocar los certificados digitales o certificados utilizados en la firma electrónica.
Con el certificado digital se puede acceder a prácticamente todo el catálogo de servicios de las distintas administraciones públicas y con la firma digital realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento normativo, fiscal, etc., de ciudadanos y empresas. A través del Esquema Nacional de Seguridad, de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, se crean las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.
Por tanto, relacionarse de manera electrónica con las administraciones públicas posee muchas ventajas entre ellas la garantía del cumplimiento de las dimensiones de seguridad tecnológica: la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la trazabilidad, la autenticidad y el no repudio. Además se simplifican los trámites, la eficiencia, ayuda a la preservación del medio ambiente (no hay desplazamientos, ni es necesario imprimir en papel), y se ahorra tiempo.
Es necesario que ciudadanos y empresas se adapten y sepan desenvolverse con su identidad digital ante la administración pública, si bien es cierto que no todas tienen el mismo nivel de implantación y facilidad de uso, hay una tendencia a que cada vez sea más intuitivo y fácil relacionarse con las distintas entidades.
Por último hay que mencionar la necesidad de que los usuarios tengan nociones básicas de seguridad tecnológica o ciberseguridad y sepan distinguir los casos en que puedan ser objetivo de ciberdelincuentes que intentan suplantar la identidad de alguna administración pública, como por ejemplo a la Agencia Tributaria durante la campaña de la declaración de la renta.
